Economía

No, se tratan de vales, los comerciantes los aceptarán previo acuerdo con el Gobierno de la CDMX y se les hará la transferencia del precio de lo adquirido en pesos mexicanos.

Los precios suben porque aumenta el número de personas que quieren estos productos y es insuficiente la cantidad actual que hay en el mercado, también porque algunas personas compran más de los que necesitan y limitan con su conducta el número de productos disponibles. Fijar por decreto un precio fijo, podría causar daños a las empresas que los producen, pero si se puede adquirir directamente de un productor un lote y darlo a un precio menor.

Efectivamente, algunas empresas pueden verse beneficiadas, sin embargo, pueden ser sancionadas si se demuestra que incurrieron en conductas monopólicas.

Si bien, no existe un seguro en específico que pague los prejuicios o lo que se deja de ganar cuando se cierran operaciones de una empresa, por una situación como ésta, existen los fondos mutuales o mutualidades, donde se puede reunir legalmente con otros empresarios y aportar una cantidad que sirva para prevenir estos gastos en el futuro.

No. Una consecuencia de la pandemia será un miedo en el consumidor, quien necesitará unas semanas para recuperar no solo sus ingresos sino la confianza. El empresario deberá infundir confianza, ofreciendo al comprador la oportunidad de continuar con medidas de higiene, como gel desinfectante, ya que muchas de estas costumbres persistirán en el ánimo de las personas por un período prolongado de tiempo. Sin embargo, el ser humano es resiliente y las ganas de vivir se recuperan fácilmente.

Como consecuencia de la pandemia puede esperarse que las empresas recontraten personal. Sin embargo, entre las pequeñas y micro empresas habrá muchas que no puedan continuar operando, pues perdieron todo su capital enfrentando cuentas pendientes, rentas de locales, luz, agua. La recuperación del empleo no será automática ni lo rápida que sería deseable.

Una de las razones principales es que algunos productos son más difíciles de conseguir porque su producción se ha visto afectada, o bien los productos no pueden llegar por que la comercialización se ha visto afectada por la prohibición de entrada de mercancías en ciertos países. Además, si bien la gente no puede comprar más de un cierto número de unidades de un producto, nada le impide ir a otra tienda a comprarlo o pedirle a otra persona que lo haga por ella.

El petróleo es el principal combustible de que disponemos para la economía. Esta pandemia ha forzado a pedirle a la gente que se quede en su casa, cerrar comercios y restaurantes, parar las fábricas. Se ha detenido la economía, por lo tanto no estamos utilizando el petróleo, ni la gasolina en las cantidades que las usábamos antes. Y cuando se reabra la economía, habrá reservas muy grandes de petróleo. Tomará tiempo para que se normalice la demanda

Genera una crisis a lo largo de todo el circuito económico de producción, distribución y consumo, impactando a todos los agentes económicos: Empresas, Trabajadores y Gobierno.

Por la pérdida de empleos y la reducción de salarios y/o ingresos refiriéndonos, tanto a empleos formales, como informales.

La reducción de la actividad económica por el resguardo de las personas en sus hogares provoca la disminución del intercambio comercial, esto impacta en los ingresos de las empresas y las puede llevar, en un periodo breve, a la quiebra.

Los gobiernos deben dejar en segundo lugar su planeación para dar respuesta a la crisis sanitaria con programas emergentes, aplicando políticas públicas capaces de minimizar los efectos negativos en los trabajadores y empresas a través de la implementación de políticas económicas anticíclicas.

Esperemos que sí. Hasta la fecha las autoridades sanitarias han actuado muy bien y han tomado medidas en los institutos, tanto del IMSS como del ISSSTE, para evitar ser rebasados. La participación del Ejército y la Marina, a través del plan DN-3 (de auxilio a la población civil), en esta emergencia sanitaria es un elemento que está apoyando también en la atención de la epidemia.

El sector privado, a través de los grupos de hospitales que existen en el país, ha firmado acuerdos con el Ejecutivo Federal para ayudar en la situación de emergencia, abriendo los servicios hospitalarios privados para enfermos de padecimientos que no sean del COVID-19.

En el caso de la población de las prisiones y del personal que labora en ellos se han tomado medidas de precaución con los visitantes y se han restringido las visitas. Un ejemplo de estas medidas ha sido la atención de los brotes de sarampión registrados en un reclusorio de la CDMX. Como prevención de los contagios se llevó a cabo una campaña de vacunación en todos los reclusorios de la propia ciudad. Para este efecto, el gobierno federal ha emitido la Ley de Amnistía.

Debe aclararse que los reportes sobre el número de enfermos del COVID-19, número de casos sospechosos y número de decesos a causa de la epidemia, se determina sobre la información que las autoridades sanitarias de los 31 estados y de la CDMX rinden diariamente a las autoridades sanitarias federales.

Los datos de la pandemia en el mundo los da la Organización Mundial de la Salud.

El mundo y México siempre han vivido en crisis de distinto tamaño y magnitud. En la época contemporánea, siglos XX y XXI, hemos vivido, México y el mundo, decenas de crisis, pero sin lugar a dudas entre ellas resaltan la gran depresión de 1929, que solo fue superada con los gastos de armamento para la Segunda Guerra mundial; la de 2008 y la actual, cuyos efectos todavía no podemos medir, pero se vislumbra que será de mayor tamaño que las anteriores.

Ante el tamaño y magnitud de las crisis el derecho se ve definitivamente rebasado. Las crisis no se resuelven con el derecho, pues esta ciencia pertenece al mundo del deber ser. Pero, sin duda, el derecho es una técnica de regulación social, un instrumento del poder público que permite vivir y sobrevivir en la crisis y al mismo tiempo, describe cómo debemos comportarnos para salir de ella y, finalmente, con un sentido profiláctico, que debemos hacer para evitar que la crisis se prolongue o qué debemos hacer para prevenir una de igual o mayor magnitud.

Es indubitable que, ante una crisis, la actitud de los gobiernos es primordial. Un gobierno pasivo, que no sea proactivo, definitivamente, con todo el buen derecho con el que pueda contar, no sólo no contribuirá a su solución, sino que la ahondará.

El derecho económico está en constante revisión y transformación. Pero, sin duda, nuestra disciplina está sufriendo y va a sufrir una sacudida sin precedentes. En efecto, la función, misión y responsabilidad del Estado como rector del desarrollo nacional (no únicamente el mexicano sino de todos los países del orbe), está a prueba no solo para responder con eficacia a los efectos de salud de la pandemia, que incluye la administración de los recursos disponibles en la materia, sino para crear las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que permitan a la sociedad tener los escudos de protección ante el desempleo, la inflación y los niveles de pobreza que sin duda se incrementarán de manera sensible. También el liderazgo del Estado está a prueba.

El artículo 25 de la Constitución permite que las empresas de los sectores público, social y privado y otras formas de organización económica, participen con responsabilidad social en el desarrollo integral y sustentable. De ahí que el derecho, especialmente el Económico, renueve su repertorio normativo para contar con ordenamientos jurídicos que disciplinen la política económica y social del Estado, para remontar la crisis que se está viviendo y, no solo el retorno a la normalidad, sino el retorno de una sociedad más participativa y responsable, siempre a la luz de uno de los criterios que, conforme el artículo 3º de la Constitución, debe orientar el proceso educativo, el criterio democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Desde luego, que el Congreso tiene una alta misión en la sociedad. En el campo federal, por ejemplo, el artículo 73 constitucional establece toda una estela de facultades relevantes, sobre todo en materia de Derecho Económico, ante una situación normal. Empero, ante una situación de crisis, el legislador supremo, debe facilitar las actividades del Ejecutivo federal y de los órganos constitucionalmente autónomos para que, en el ámbito de sus atribuciones, puedan cumplir con sus objetivos. En los ámbitos estaduales y municipales, se espera igual responsabilidad de la legislaturas locales y ayuntamientos.

El gasto público se debe realizar como lo ordena la Constitución, el Presupuesto de Egresos y otros ordenamientos como la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ante la crisis, el apremio más importante es contar con los recursos económicos suficientes para dotar de instrumentos humanos y materiales para la atención médica que reclama la sociedad. Esa es una prioridad. Esperamos que una vez que se solvente la actual crisis, el Estado asuma su responsabilidad de gasto y adopte una política expansiva que le dé la vitalidad que requerirá la sociedad en los próximos meses. Peor, el gasto público no es lo único que permitirá salir y afrontar la actual crisis, hay otros instrumentos directos e indirectos con que cuenta el Estado para crear condiciones de recuperación, uno de ellos es el de crear las condiciones para que las empresas del sector privado inviertan en las principales áreas estructurales de la economía nacional.

En síntesis, la actual crisis nos impone un reto, pero también la oportunidad de conducirnos con ética y sentido social, y con la dosis necesaria de creatividad que exige la sociedad mexicana. La creatividad es el elemento humano que nos permitirá, a través del derecho, desatar las ataduras del subdesarrollo y a travesar el umbral hacia nuevas formas de organización social.

Todas las instituciones públicas y privadas tienen un papel y una función importante en la sociedad, y éstos se acrecientan exponencialmente ante una situación de crisis. Es natural que, en medio de la crisis, la sociedad demande respuestas inmediatas de las instituciones, a sus legítimos reclamos. Pero, como el interés social debe siempre prevalecer sobre el interés privado o de grupo, la lógica de comportamiento de las instituciones es que sus recursos se canalicen hacia los más necesitados y hacia los que legítimamente reclaman por un mínimo vital.

La actual crisis cambiara la mentalidad de los mexicanos y, con ello, la mentalidad de las instituciones públicas y privadas. Otro será el rostro de la sociedad. Seguramente otros y muy diferentes seremos. La UNAM y la Facultad de Derecho son y serán ejemplos vivos de instituciones vanguardistas de las excelsas causas sociales.

Es un órgano de gobierno que depende directamente del Ejecutivo Federal cuyas disposiciones generales “en caso de epidemias de carácter grave” serán obligatorias en el país. (Art. 73, fracción XVI, bases 1ª a la 4ª)

En dichos casos, así como cuando haya “peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República.”

Los trabajadores formales del sector social y, ante todo, los que se ganan la vida en las actividades más disímbolas, dado el enorme desempleo que prevalece en el país.

Asimismo, la población indígena corre riesgos elevados por ser la más desprotegida en términos económicos y de servicios públicos.

En el sector privado, las micro y pequeñas empresas también están siendo perjudicadas en mayor medida que las medianas y grandes empresas.

Desde luego. Las actividades de las empresas químicas y farmacéuticas, así como los servicios médicos y hospitalarios.

A éstas hay que agregar las del comercio minorista que han incrementado sus ventas.

El relativo bajo número de muertes comprobadas a causa del COVID-19 es una prueba de ello. Sin embargo, existen riesgos de que haya un mayor número de muertos por el alto porcentaje de diabetes y obesidad en el país. En esto los servicios médicos no pueden hacer mucho.

No. En todo caso, se podría acusar a un gobierno de una mala gestión de la emergencia sanitaria.

El Ejecutivo federal ha tomado medidas en los servicios públicos del IMSS, ISSSTE e INSABI; además de hospitales del Ejército y la Marina, para la atención de enfermos del COVID-19. Y se ha activado el plan de emergencia DN3.

No han cumplido con su deber de informar objetivamente. Se advierte mucho amarillismo y cierto sesgo en los noticieros de radio y televisión.

Otro tanto ocurre en los medios impresos. Pareciera que se trata de infundir miedo a la población.

En las redes sociales proliferan los “borregos informativos” más conocidos hoy día como “noticias falsas.”

Las opiniones de los expertos y de los organismos internacionales señalan diversas proyecciones negativas que afectarán a distintos sectores económicos de los países Latinoamericanos, incluido el nuestro, entre las que se pueden destacar el desplome de nuestro comercio exterior por la caída de la economía de los principales países que son socios comerciales de México, como es el caso de Estados Unidos; la interrupción de las cadenas de producción a nivel global e interno; la pérdida importante de empleos; la caída de los precios de las materias primas y del petróleo; la menor demanda de servicios turísticos, las variaciones en el tipo de cambio peso-dólar, entre otros.

De manera directa, sin que sea infortunadamente la única afectación, por lo que respecta a la pérdida de empleos generada al interrumpirse las cadenas de producción por las medidas adoptadas para reducir el contagio, pues repercutirá en la economía de las familias por la falta de ingresos que, a su vez, repercutirá fuertemente en el consumo y en la oferta de empleo.

La severidad del golpe dependerá del éxito en contener el contagio. Para México y todos los países aún es precipitado cuantificar el impacto en el crecimiento económico y el empleo, de esta mega crisis. Lo único seguro es que habrá una fuerte caída en el Producto Interno Bruto. Se espera que en unos meses podrá venir la recuperación, aunque asociada a la mejora en la economía de nuestros socios comerciales, principalmente Estados Unidos.

Los créditos están dirigidos a emprendedores o dueños de negocios que necesiten apoyo durante esta contingencia sanitaria y pueden ser de 10,000 a 20,000 pesos, con 0% de interés y a pagar en dos años. El trámite lo puede iniciar por vía electrónica y registrarse para para acceder a los llamados Microcréditos Edomex en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmiLyMlqgKkfow0RIRfDwQpGPs25qlpifeTfjK6UH8QojZGQ/viewform

Varias acciones pueden llevar a cabo el Gobierno, entre otras, preservar el empleo, en el sector público y también en las empresas, mediante subsidios o ventajas fiscales a empresas que se comprometan a no reducir empleo; mediante la banca de desarrollo, con programas emergentes adicionales a los que ya tienen, apoyar proyectos estratégicos de inversión privada; manejo adecuado de la política monetaria para incentivar la inversión, el empleo y la producción, y menor costo de créditos nuevos.

En la Revista del Consumidor en internet, escribiendo en el buscador: revista del consumidor el mes y año. Ej: revista del consumidor febrero 2020.

Consultando el programa “Quien es quien en los precios” (Canasta básica, Gasolina, Pipas de Agua, en el Cumplimiento de las medidas sanitarias) en la página de PROFECO.

Se debe negociar con las Instituciones Privadas el pago de las colegiaturas y en caso de no lograrlo acercarse a PROFECO para intentar la conciliación.

No es posible, pero es recomendable negociar el pago de la colegiatura con la Institución Privada, si no se llega a un arreglo o convenio entre las partes será necesario contactar a PROFECO.

Presentar denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Presentar denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Reclamar la garantía con el fabricante y en caso de negativa acudir con PROFECO.

Deberá contactar al distribuidor y al fabricante para hacer valer su garantía y en caso de negativa a la reparación o de aplicación de la garantía contactar a PROFECO.

Debe hacer el reclamo a la proveedora y en caso de negativa a la solución, contactar a PROFECO.

Habrá que contactar a la proveedora del servicios y en caso de negativa a la solución, contactar a PROFECO.

Hacer el reclamo a la proveedora y en caso de negativa a la solución, contactar a PROFECO.

Debe reclamar al proveedor con el que ha realizado la compra y en el caso de negativa a la devolución contacte a PROFECO.

Contacte al proveedor y si no logra la devolución de su dinero, debe acercarse a PROFECO.

Debe presentar una denuncia ante PROFECO cuando encuentre precios elevados en cualquiera de los productos de la Canasta Básica, esta procederá a cuestionar la causa por la que el proveedor elevó el precio y a su vez la Procuraduría, en representación de los consumidores, podrá presentar ante la Comisión Federal de Competencia Económica la denuncia que corresponda.

En todos los casos deberá llamar al teléfono del consumidor de PROFECO para realizar la denuncia correspondiente, es importante tener a la mano los datos del proveedor para que la Procuraduría este en posibilidades de realizar la verificación correspondiente.

Debe contactar a PROFECO con su recibo a la mano para que le apoyen en una conciliación.