Artículo de: Tomo LVIII    •    Número 250   •    Julio-diciembre, 2008

LOS RETOS POLÍTICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA REFORMA DE JUSTICIA PENAL

Enrique OCHOA REZA *
Miguel B. TREVIÑO DE HOYOS **

SUMARIO: I. Gobernadores: ¿Qué pista de competencia? II. Legislativo: a terminar la tarea. III. El Poder Judicial: inaugurar roles. IV. El Presidente: primer responsable. V. La crisis de inseguridad: dos nuevos compromisos. VI. Conclusiones.

A MODIFICACIÓN constitucional para establecer un sistema de juicios orales en todo el país recibió, en su momento, avales legislativos—federal y locales— sin regateos. Aun así, el compromiso que necesita la reforma, desde diferentes órganos del Estado mexicano y la sociedad civil, para traducirse en una implementación exitosa, es significativo.

La desafortunada coincidencia en el tiempo del mandato constitucional de transformar a la justicia mexicana y la mayor crisis de seguridad pública en nuestra historia moderna, le imponen a la puesta en marcha de la reforma mexicana un nivel de complejidad aún mayor.

Este artículo busca ser un diagnóstico general de las condiciones políticas y los requerimientos de política pública que será necesario tomar en cuenta para hacer realidad la reforma constitucional. En el caso de la reforma al sistema de justicia penal se vuelve indispensable tomar en cuenta el contexto en que se desarrollará su implementación dada la serie de resistencias burocráticas que se oponen a cambiar un sistema que ha funcionado así —con sus aciertos y deficiencias— por décadas.¹

Pero no todos los elementos son nubarrones, empecemos por el inventario de los activos políticos a favor de la reforma. En un contexto nacional en el que predominan los temas que polarizan a los partidos, la reforma penal recibió el voto favorable de 462 diputados y 73 senadores. El 98 por ciento de los diputados y 74 por ciento de los senadores presentes en las sesiones en las que se votó la reforma la avalaron.²

Asimismo, al mes de julio de 2008, 23 estados de la República han aprobado en sus propios congresos la reforma constitucional, mientras que ningún estado la ha votado en contra. De hecho, el 28 de mayo pasado, tan pronto como 18 estados manifestaron su aprobación, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió una declaratoria de votos y mandó el decreto con la reforma penal aprobada al Presidente de la República, quien fi nalmente la publicó el 18 de junio.³

Estamos así ante la primera reforma constitucional en materia penal después de la transición democrática de México. Misma que ha sido reconocida por diferentes juristas como la más importante en más de un siglo.⁴
En consistencia con estos alcances, para traducir la modifi cación jurídica en una nueva realidad, tanto para el ámbito federal como para las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, se ha establecido un plazo de hasta ocho años.

La justicia mexicana vive, como en todo inicio de construcción de una gran obra, un momento esperanzador y desafi ante.

Al final, el éxito de la reforma dependerá de que el ciudadano de la calle al entrar en contacto con el sistema de justicia pueda palpar una nueva realidad: policías que investigan antes de detener, agentes del Ministerio Público que respetan los derechos humanos y jueces que dictan sentencias tras haber visto y escuchado una confrontación entre las partes sobre un terreno nivelado y en audiencias orales y públicas. Un indicador ineludible de éxito será el surgimiento de la confi anza ciudadana hacia el nuevo sistema de justicia penal.

Si reconocemos que los mayores obstáculos de la reforma están todavía por llegar, entonces es importante ubicar a quienes pudieran estar detrás deéstos: sectores de la abogacía y la judicatura que se resisten al cambio, ya sea por los temores naturales a éste o bien por ser benefi ciaros directos del actual sistema penal cerrado, lento, inefi ciente y propenso a la corrupción. Nuestra justicia predemocrática, vigente en la mayor parte del territorio nacional, afecta a la mayoría y benefi cia solamente a unos cuantos.⁵

Las resistencias al cambio se vencen con resultados. El primero ya se dio: fuimos capaces de modifi car la Constitución. El sentido y profundidad de la reforma era califi cado como imposible hasta hace unos meses por juristas reconocidos. Lo que resta es que el nuevo texto constitucional empiece a dar, cuanto antes, los resultados concretos —si bien parciales en términos territoriales— que anunciamos los promotores de la reforma.⁶

¿Cuáles son los principales retos políticos de la implementación de los juicios orales? ¿Qué líneas de acción pudieran convertirse en seguros institucionales que eviten la contrarreforma?